La Criminalización de la Protesta Social (CPS) se ha presentado desde hace varios años en diversos países como Colombia, México y también en Perú.
Consiste en procesar como delincuentes a los ciudadanos que participan en movilizaciones sociales, obligándolos a enfrentar largos y adversos procesos, y muchas veces encarcelando a los dirigentes.
Esta política de criminalización es una forma de controlar el descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad y no tomar en cuenta las aspiraciones en materia de justicia social, de democracia y de igualdad.
¿Qué es la protesta social?
La protesta social es la garantía social de los derechos humanos frente a gobiernos que incumplen con garantizar los mismos. Es la expresión del descontento de los ciudadanos frente a decisiones en las que no han sido consultados, no han estado involucrados y que les desfavorecen y perjudican. Es asimismo una forma de autotutela de derechos, mediante la cual las mismas personas emplean vías directas para reclamar o defender un derecho.
¿Por qué se criminaliza a quienes protestan?
La criminalización se produce por la resistencia a cambiar un modelo económico impopular o prácticas empresariales que generan el rechazo de la población. Se hace necesario entonces reprimir a todas las voces disidentes.
¿Cómo se manifiesta?
La CPS se manifiesta en:
- Detenciones arbitrarias
- Acoso y persecución de defensores de derechos humanos
- Descalificación de luchadores sociales, equiparándolos con delincuentes o terroristas
- Agravar las acusaciones imputando delitos políticos o contra la seguridad nacional
- Ilegalizar las principales formas de protesta social
- Reformas a la legislación penal tipificando nuevos delitos
- Faltas al debido proceso legal, atentando contra los derechos de quienes protestan
- Controles policiales que atentan contra las libertades fundamentales y los derechos humanos
- Cierre de los espacios de diálogo
- Violenta represión policial
- Militarización de la vida civil
- Bloqueo de toda forma de oposición
- Militarización de la población y de los estados
- Campañas mediáticas de desprestigio
Algunas manifestaciones de criminalización de la protesta en el gobierno del Dr. Alan García Pérez
- Pedido del Presidente de aprobar la pena de muerte
- Detenciones arbitrarias de manifestantes, dirigentes sindicales, estudiantes, campesinos e indígenas. Los casos más sonados han ocurrido en Aguas Verdes (siete personas, entre ellos Melissa Patiño y Roque Gonzales) y Andoas (ocho nativos kichwas y achuares)
- Represión violenta de manifestaciones de activistas de derechos humanos, de organizaciones artísticas, estudiantiles, antitaurinas y homosexuales
- Allanamientos policiales de bares, cafés y centros culturales en el centro de Lima
- Clausura de emisoras y canales de televisión al interior del país que transmitían información contraria al régimen
- Seguimiento, interceptación de sus comunicaciones y campañas de difamación contra entidades que defienden derechos humanos
- Acusación como terroristas a campesinos cuyas tierras han sido usurpadas por una empresa minera china en Piura
- Autoridades y medios de comunicación realizan campaña de desprestigio contra Aprodeh para descalificarla
- Expulsión de ONG de derechos humanos y la Iglesia Evangélica del Consejo de Derechos Humanos por el Ministerio de Justicia
Lista de fallecidos por acciones policiales contra la protesta social
- Jonathan Condori, 30 de agosto de 2006. Sicuani, Cusco
- Cirilo Tuero, 5 de diciembre de 2006. Abancay, Apurímac
- Marvin Gonzales Carvajal, 11 de abril de 2007. Santa, Ancash
- Julio Raymundo y Oscar Fernández, 15 de junio de 2007. Casapalca, Lima
- Julián Altamirano, 15 de julio de 2007. Andahuaylas, Apurímac
- Sergio Alanoca, 19 de julio de 2007. Juliaca, Puno
- John Acosta, 10 de enero de 2008. Pucallpa, Ucayali
- Julio Rojas, 18 de febrero de 2008. Barranca, Lima
- Emiliano García y Rubén Pariona Camposano, 19 de febrero de 2008. Ayacucho
Los 11 decretos que criminalizan la protesta social
El pasado 22 de julio de 2007, el gobierno de Alan García publicó 11 Decretos Legislativos anunciados como un mecanismo eficaz para luchar contra el crimen organizado. En realidad, estas normas reflejan más bien la intención de reprimir las movilizaciones sociales que en los últimos meses se han producido.
¿Por qué son inconstitucionales estos decretos?
- Al Poder Ejecutivo se le otorgó facultades para legislar sobre el crimen organizado (terrorismo, narcotráfico), pero estos decretos regulan otros asuntos para los que no había autorización (derecho de huelga, represión a movilizaciones sociales, inimputabilidad de policías y militares, etc.)
- Estos Decretos Legislativos restringen muchos derechos fundamentales:
- Permiten que los policías y militares que maten ciudadanos con sus armas de reglamento y "en cumplimiento de su deber" NO SEAN JUZGADOS NI SANCIONADOS
- Presentan como EXTORSIONADORES a las personas que participen en movilizaciones sociales bloqueando caminos y los sancionan hasta con 25 años de prisión
- Señala que la Policía puede detener a una persona SIN ORDEN DEL JUEZ hasta 24 horas después del supuesto delito cometido
- Sanciona a las autoridades que apoyen huelgas, aunque este sea un derecho de los trabajadores reconocido en la Constitución y la ley
- Otorga a la Policía funciones que antes estaban reservadas para el Ministerio Público
