El lunes 15 del presente mes, el Tribunal Constitucional (TC) decidió no pronunciarse sobre la prescripción de un crimen: el del Frontón. Decidieron devolverlo a los fueros del Poder Judicial (PJ) para que ellos lo juzguen.Con esta determinación prácticamente están declarando prescrito el caso. Si el PJ amparó el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del marino implicado en el caso Teodorico Bernabé, cualquier cosa se puede esperar.
Con esta determinación el TC deja mucho que pensar. En los últimos días se ha estado hablando de presiones políticas del gobierno para que el Tribunal mande al archivo el caso. Por ejemplo, uno de los magistrados del ente jurisdiccional, Ernesto Álvarez Miranda, tiene en su contra una denuncia de acoso sexual, de la cual se estarían aprovechando ciertas personas cercanas al entorno del gobierno aprista para presionar a este juez y cambie su posición. Ahora, Álvarez fue uno de los magistrados que votó para que el caso pase al PJ, de los siete que conforman el TC. La votación fue de 4 a 3.
En el Tribunal se basan en decir que "fue un error haber acogido el caso desde un principio", y que ahora está donde debió haber estado. Una manera fácil de lavarse las manos: los casos que tienen procesos por violación a los derechos humanos NO PRESCRIBEN, según los lineamientos de los organismos internacionales de derechos humanos como la Corte y la Comisión Interamericana; pero en el TC, lleno de apristas, no quieren acatar.
Este hecho es una demostración del poder económico y político. Hace acordar a los tristemente célebres tiempos monárquicos de Fujimori y Montesinos. El cinematográfico asesor negociaba con cualquier civil la presunción de inocencia de él y de su jefe. ¿Ya se olvidaron todas las artimañas utilizadas en ese régimen para limpiarse y desviar la atención de la gente?
Esto es justamente lo que trae a la memoria esta estrategia utilizada por el aprismo gobernante. Y el asunto es que el fondo de esto es una clara intromisión en la autonomía del TC. Sea quien sea, o el mismo presidente o vicepresidente, no puede inmiscuirse en la toma de decisiones de un ente independiente constitucionalmente como lo es el Tribunal Constitucional porque es una falta a la democracia, aunque esto no es nuevo en este régimen. La soberbia del "máximo líder político" - como dice su futura pareja de baile Gisela Valcárcel - lo hace creer que puede manejar a su antojo las instituciones nacionales. Definitivamente reconoce su culpabilidad - o por lo menos su participación - en este caso para jugarse sus últimas cartas para salir limpio de polvo y paja.
Y una futura prescripción del caso significaría entrar en conflicto otra vez con la Corte de San José y con la Corte y CIDH. Significaría una demanda en contra de nuestro país por avalar violaciones a los derechos humanos y no hacerse responsable de un caso que se tiene que resolver en el fuero interno.
Esta es la principal mancha en el pasado de nuestro actual presidente y también del primer vicepresidente, el vicealmirante Luis Giampietri Rojas, hasta ahora no aclarada y procesada como exigen los familiares de los deudos y todos los que queremos que la justicia se cumpla y sea igual para todos.
Los delitos contra los derechos humanos NO DEBEN QUEDAR IMPUNES, no se puede permitir esto en una democracia. Quien sea que esté involucrado debe ponerse a derecho.
