Crisis política en Honduras

Una fuerte crisis política parece estarse gestando en Honduras, donde el presidente, Manuel Zelaya, destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana.
El mandatario hondureño, quien hizo el anuncio en una transmisión conjunta de radio y televisión, dijo que su decisión respondía a "la crisis generada por unos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras, al orden Constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido".
En el centro del debate está el referendo que el presidente desea hacer el próximo domingo, para consultar a los hondureños si están de acuerdo con que, en las próximas elecciones presidenciales, se agregue una urna en la que los votantes opinen sobre la propuesta de convocar a una asamblea que reformaría la Carta Magna y podría permitir la reelección presidencial.
El congreso hondureño aprobó el martes una ley que regula los referendos y plebiscitos y con la que parece haber congelado los planes del mandatario de reformar la Constitución.
Según la agencia de noticias EFE, el ahora ex jefe del Estado Mayor Conjunto dijo que había sido separado de su cargo por negarse a violar la ley.
EFE indica que el presidente "quería que las Fuerzas Armadas brindaran todo el apoyo logístico" para la consulta popular que promueve. El periódico hondureño La Prensa, en su versión de internet, también atribuye la salida del militar y del ministro de Defensa a que no apoyaron la consulta.

Tensión

Durante su intervención por radio y televisión, Zelaya invitó a diferentes sectores de la sociedad hondureña a reunirse con él, en las próximas horas, en la Casa Presidencial para "tomar decisiones en pro del desarrollo y la democracia hondureña".
"Nosotros los que realmente amamos a Honduras no podemos permitir que la democracia siga siendo de unos pocos", señaló el presidente hondureño.
De acuerdo con la prensa local, antes de emitir el anuncio, Zelaya se había reunido con miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Todavía se desconoce quiénes serán los designados para ocupar los cargos vacantes.
La nueva ley aprobada por el Congreso impide la realización de consultas populares 180 días antes y después de las elecciones generales. De esta manera, se considera que los opositores a Zelaya en el Congreso han frustrado el referendo del domingo, dado que las elecciones presidenciales serán en noviembre próximo, con lo cual ya no queda tiempo para realizar el plebiscito.
La tensión por la consulta popular no sólo está reflejada en la relación entre Zelaya y la oposición, sino en las propias filas del oficialismo, el Partido Liberal.
En mayo pasado, el mandatario y el titular del Congreso, Roberto Micheletti, cruzaron insultos y acusaciones, después de que el último denunciara haber recibido amenazas de muerte.
"Yo aquí públicamente responsabilizo al Poder Ejecutivo si algo me pasase a mí o a mi familia, a mis hijos o a mi esposa, porque ya basta, porque yo creo que nosotros no tenemos por qué estar sufriendo situaciones de aspiraciones de un trastornado que quiere quedarse con el poder en el país", afirmó Micheletti.
Tanto el presidente Zelaya como su secretario privado Eduardo Reina, negaron las acusaciones.

Dos cosmovisiones para un país

El conflicto que estalló en Perú a principios de junio pone en evidencia una difícil relación entre las empresas multinacionales, el Estado y las comunidades nativas del Amazonas.
Las movilizaciones indígenas que culminaron con enfrentamientos violentos y la derogación de normas sobre la explotación de hidrocarburos en el Amazonas, constituyen el mayor desafío político al gobierno de Alan García desde que asumió en 2006.
Pero más allá de la complejidad de los conflictos puntuales, algo de fondo condiciona todo lo demás: el choque de dos cosmovisiones muy distintas.
Para Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), los pueblos originarios tienen una manera de entender el mundo muy apegada a la tierra, al agua, a la biodiversidad de los territorios en los que llevan viviendo muchos siglos.
Y esta forma de situarse en el mundo, inseparable de su modo de vida, es algo que no se comprende bien desde la cultura de las grandes ciudades y los países industrializados.

Crisis de representación

El gobierno peruano defiende la necesidad de inversiones para el desarrollo del país y de las zonas en cuestión, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos.
Pero esta voluntad no siempre encuentra la forma de comunicarse con las comunidades indígenas, aunque desde el gobierno en Lima se insiste en que se respetan las instancias de consulta con los jefes comunales.
Para Roger Rumrrill, escritor especialista en la amazonía peruana, la rebelión indígena desnuda el enfrentamiento entre estos dos mundos.
El analista afirma que no sólo el gobierno central está cuestionado por los indígenas, sino también los dirigentes regionales, funcionarios del Estado, que en muchos casos están sospechados de haberse enriquecido de forma ilícita con los cánones que reciben por la explotación petrolera.
Según Rumrrill, el Estado, que debería controlar a las empresas trasnacionales, en la práctica es visto cómo un aliado de estas compañías, tan ajeno como ellas a las comunidades de la selva peruana.

El papel de las multinacionales

Para OMAL, organización creada para investigar el impacto de las empresas trasnacionales en América Latina, la expansión de estas compañías en los años 80 y 90 no ha tenido apenas contrapeso y no se ha preocupado por los efectos de su actividad en los pueblos originarios.
Pero a partir de los reclamos de organizaciones indígenas y campesinos, más activos en los últimos años, las empresas han empezado a prestar atención a la forma en que se percibe su actividad, no sólo en los lugares donde operan, también en sus países de origen.
"Las propias multinacionales han tenido que modificar no tanto sus prácticas, porque sus prácticas no han cambiado, siguen extrayendo petróleo en reservas de la biósfera, en zonas habitadas por indígenas sin consultar; pero lo que sí ha cambiado es la forma en que comunican eso a nivel social", afirma Pedro Ramiro.
Así es cómo aparece el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, asociado a las buenas prácticas empresariales.
Pero según OMAL, hasta ahora sólo implica códigos de conducta voluntarios de las empresas, que no tienen control regulatorio real, más que el que puedan imponer los estados.
Para ejemplificar esto, la organización destaca que la inversión media de las empresas españolas en América Latina en proyectos tendientes a reducir los impactos negativos de sus actividades se limita al 1,2% de sus beneficios.

Conflictos latentes

Para Roger Rumrrill el conflicto por la selva peruana no ha hecho más que empezar.
El escritor peruano apunta que el reclamo de los indígenas se centra en devolver a la constitución vigente, establecida por el ex presidente Alberto Fujimori, las garantías de control sobre los territorios indígenas que habían sido reconocidas por primera vez en la ley 20654, de 1974.
Pero Rumrrill alerta sobre lo que él considera una fuente de conflicto latente, y es la división en lotes concedidos para la exploración de hidrocarburos que ya afecta al 70 % del territorio amazónico peruano.
Muchos de esos lotes se superponen con reservas naturales y áreas habitadas por comunidades originarias, y el problema surgirá, dice Rumrrill, cuando las empresas comiencen sus trabajos de explotación a mayor escala.
El presidente Alan García, cuya aprobación popular ha bajado hasta el 21 % a causa del conflicto, defiende la necesidad de atraer la inversión para estimular la economía.
De la manera en que Estado, empresas y comunidades indígenas se comuniquen dependerá el futuro de una región que alberga a pueblos ancestrales y una gran biodiversidad.