El caso Malpartida

El Perú en el que Sendero juntaba la pólvora de las minas y la hacía reventar en coches o sobre cadáveres, no era precisamente un país que Montesquieu hubiese saludado como ejemplo.

No era un país: era la anarquía que aspiraba llegar al terror, era el terror que quería la anarquía. Era una hemorragia y una sucesión de difuntos.

Y en ese país espantoso, muchos sobrevivieron fingiendo que acataban las órdenes de la mula, doblemente estéril, del senderismo. La otra alternativa era oponerse y morir. O colaborar con el enemigo y morir con un letrero de soplón sobre el pecho.

Ese fue el caso, según todos los datos que se pueden tener a la mano, de la parlamentaria andina Elsa Malpartida.

¿Tiene algún sentido sacar de las vejeces judiciales este asunto?

Sólo lo tendría si se demostrara que la Malpartida ha vuelto a “obedecer” a lo que queda de Sendero –ese muñón llamado Camarada José, maoísta que no terminó de leer “Coquito”-.

O si se pudiera probar que la Malpartida, al simular que acataba a las hordas senderistas, participó en algún homicidio o en algún atentado.

Si nada de eso se puede ni decir ni comprobar, la única razón para sacar de las secretarías este asunto es continuar con la evidente campaña que, desde diversos sectores, se ha emprendido en contra del Partido Nacionalista.

Pero esa independencia me da cierta autoridad como para decir que, en el caso de Elsa Malpartida, el huaqueo periodístico en cuestión parece proceder del Apra y de los servicios de inteligencia cercanos a cierta vicepresidencia.

La apuesta es alta: si se logra meter en la cabeza de buena parte del electorado la idea de que Sendero ha infiltrado al humalismo, la derecha se habrá librado de su más serio enemigo y podrá dedicarse a uniformar y pasteurizar el resto de la campaña electoral.

Porque aquí de lo que se trata es de que ningún candidato cuestione “el sistema”, esa cuchipanda de sacro mercado, cholo barato, prensa alquilada y reprimarización total de la economía.

Ese escenario, que algunos llaman “el modelo”, no puede desmontarse. Puede cambiar el elenco, puede el director ser sustituido, pueden las candilejas encenderse con otros colores, pero lo que no puede cambiar es la obra ni el teatro ni la tramoya.

Y en ese sentido, sólo Humala es, por ahora, la nube gris que nubla su camino. Y a Humala hay que darle duro y como sea, como en el 2006.

El problema es que este Thriller selvático se presenta justo en el momento en que Canáan está en Lima, los petroaudios amenazan y las revelaciones sobre el maridaje García-BusinessTrack tienen muy nervioso al califato entero de Alí Babá Kurí.

O sea que estamos ante una descarada bomba de humo.

De Soto y García, la misma sintonía

Después de larga ausencia, reaparece Hernando de Soto (HdS) con el documental “El misterio del capital de los indígenas amazónicos” (www.ild.org.pe). Como el norteamericano Al Gore y su documental “Una verdad incómoda”, sobre el calentamiento de la tierra, HdS quiere mostrar su preocupación por la rebelión de Bagua y dice lo que piensa y cree en abierta oposición al “señor Pizango, mal asesorado”, según sus propias palabras. Alberto Pizango es el dirigente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, Aidesep, exiliado en Nicaragua, desde junio pasado.

Todas las técnicas mediáticas han sido bien utilizadas por el equipo productor para volver una vez más sobre la tesis No hay capital sin propiedad, ni desarrollo (capitalista) sin propiedad, defendida por HdS en sus libros “El otro sendero” (1989) y “El Milagro del capital” (2000).

Cuenta HdS que varios equipos de investigación de su “Instituto Libertad y Democracia” recorrieron, en tres meses, el 70 por ciento de la Amazonía peruana, para preguntar cuántos y qué clase de títulos tienen los amazónicos, y, además, qué pueden hacer con esos títulos. Entre los hallazgos de esos equipos destacan: 1. Los títulos son de propiedad colectiva, no hay ningún título individual formalmente válido. 2. Esos títulos “no sirven para nada”. 3. Los indígenas amazónicos ya están en contacto con el mercado, y, 4. Los indígenas no viven en un paraíso colectivista porque hay muchos que ya tienen pequeños negocios propios. Se trata de un parto de los montes. Desde la ley de Comunidades nativas de 1974, los títulos de propiedad son entregados a las comunidades, no a los comuneros como personas.

No era necesario hacer costosos viajes para conocer esos datos simples de la realidad. Las monografías de los estudiantes de antropología en los últimos cincuenta años dan cuenta de la inserción de los nativos amazónicos en el mercado desde la aparición en los ríos de los primeros “regatones”.

En los estudios de primer nivel académico como el libro “Amazonía: economía indígena y mercado: desafíos del desarrollo autónomo”, se encuentra un exhaustivo examen de la coexistencia de la economía indígena fundada en el principio de la reciprocidad, y la economía de mercado. También se analizan los conflictos y la complementariedad entre ambas. El texto tiene una propuesta precisa para un desarrollo autónomo en convivencia con el mercado, prescindiendo del valor capitalista de la acumulación de riqueza individual a cualquier precio. En tres meses nadie podría hacer un trabajo igual. Los equipos de HdS y él mismo tienen mucho que aprender. Si me permiten el atrevimiento, recomiendo una visita al Instituto del Bien Común (www.ibc.peru.org) para encontrar ese y muchísimos otros libros y artículos sobre la Amazonía.

Sus enviados especiales buscaron a nativos y nativas que sólo dicen lo que HdS quiere oír: sin propiedad no hay capital, sin capital no hay desarrollo y el desarrollo sólo puede ser capitalista. Hubiera sido muy importante escuchar las voces de los dirigentes de Aidesep, del propio Alberto Pizango, y de especialistas en la Amazonía como Pedro García Hierro, Alberto Chirif, Richard Chase Smith, Margarita Benavides, Frederica Barclay, Lucy Trapnell, Roger Rumrill, entre otros y otras. Incluirles, habría significado entrar en un debate en serio. El documental incluye a dos indígenas canadienses invitados para decir que los indígenas pueden volverse ricos sin renunciar a sus culturas y valores, sin tocar el tema de los contextos históricos y nacionales tan diferentes.

Hubiera sido muy importante que HdS y sus anónimos investigadores preguntasen por la noción que los pueblos indígenas tienen del territorio, más allá de la tierra con o sin un título de propiedad, y leyesen algo de la enorme bibliografía existente sobre el tema. Si lo hubieran hecho habrían sabido que el territorio es un espacio vasto, ancho y abierto, en el que se desarrollan las culturas de los pueblos indígenas; que los ríos, las restingas, los bosques, las cochas, las quebradas, los seres humanos y todos los animales forman parte de él, del mismo modo que todas sus creencias. El territorio es en primera y en última instancia una madre y todo lo que esa noción implica para su manejo. Si los indígenas son hijos de esa madre le deben el mayor de los respetos y se sirven de ella gracias al principio de reciprocidad para ofrecer a todas y cada una de las unidades domésticas los medios para vivir. No es posible excluir a unas para beneficiar a otras.

En este punto se encuentra la diferencia específica con la organización capitalista del espacio y la sociedad que fomenta la acumulación de la riqueza individual, en beneficio de unos y sacrificando a los otros. Para HdS, como para todos los capitalistas, el territorio es una extensión de tierra cuyo valor depende de un título de propiedad, y punto.

HdS dice que los títulos individuales de propiedad de la tierra se convierten en capital cuando son refrendados por acuerdos internacionales que garantizan las inversiones. Recomienda a los nativos que consigan títulos individuales al margen de la propiedad colectiva de sus comunidades. Sólo así, sostiene, podrían aprovechar la riqueza que hay en sus tierras. Pero no dice una palabra sobre las 1,228 concesiones forestales con 7’802,660 hectáreas y los 81 lotes de hidrocarburos en 56’131,862 hectáreas, ya entregados a empresas multinacionales y nacionales, y/o personas individuales, que representan el 10.0 % y el 72 % del territorio amazónico peruano, respectivamente. (Ver el mapa de Distribución del territorio Amazónico, elaborado por el Instituto del Bien Común, Lima 2009). ¿Qué queda para las comunidades nativas? Lo ideal sería que éstas se asociaran a empresas para explotar esos recursos, pero el propio De Soto dice que el título colectivo no vale para nada y no sabemos de empresas dispuestas a asociarse con comunidades nativas.

HdS se presenta como defensor de una propuesta moderna y pacifista en frontal oposición a Alberto Pizango, quien es mencionado como el malo de la película y supuestamente defensor de una propuesta arcaica y violentista. La ecuación título de propiedad-capital-desarrollo-desarrollo capitalista usada por HdS es la misma del razonamiento de Alan García en sus artículos sobre el Perro del hortelano, que provocaron la rebelión amazónica de agosto de 2008 y junio de 2009. Ninguno cita al otro, pero ambos están en la misma orilla. No resulta difícil prever lo que podría venir después. Veinte años atrás HdS ofreció su candidatura presidencial a los partidos políticos, sin éxito alguno.

¿Por qué no te callas?

Estamos aprendiendo, a un costo muy alto para nuestra sociedad, que los bloqueos de carreteras, la toma de aeropuertos, la paralización de vías férreas, la quema de llantas y los enfrentamientos callejeros nos afectan a todos porque ahuyentan al turista, encarecen los productos básicos al no permitir un adecuado abastecimiento de los mercadillos locales, frenan la producción local, crean inseguridad ciudadana y aumentan el riesgo-país.

No obstante los altos costos para nuestra sociedad, parece que esas formas de interrumpir el libre tránsito y la vida en sociedad son la única manera en que distintos grupos de la población pueden hacer valer su voz, ser oídos y participar.

¿Se ha preguntado qué le queda al peruano que siente que sus autoridades le engañan y no cumplen lo que le prometieron? ¿Qué harías si no te oyen, si planteas alternativas y las desechan sin mayor trámite, si solicitas audiencia o te quejas y te pelotean, si pides que se ejecuten los acuerdos firmados y se ríen en tu cara, si explicas que tu producción o tu comunidad están en riesgo y te ignoran?

La inercia y la inacción de nuestro sistema preventivo estatal conducen a la protesta y la rabia acumulada a la violencia. Y si la autoridad reacciona mal, el uso de la fuerza desata la espiral de la confrontación radical.

Por eso es tan importante, especialmente en un país tan diverso como el nuestro, garantizar la libertad de expresión y el derecho de opinión de todos y cada uno de nosotros. Permitir que la gente se exprese libremente, que pueda compartir su parecer y decir lo que desea — sin difamar o calumniar por cierto. En el Perú, como en el resto del mundo civilizado, no hay delito de opinión porque poder plantar ideas y discutirlas es el mejor antídoto contra la rebelión.

No hay nada más poderoso que una buena idea y nada más nocivo para una sociedad que buscar acallarla con la fuerza.

En una democracia, las ideas se defienden con la fuerza de la razón y el arte de la persuasión.

Si creemos en la igualdad y libertad como condición esencial de nuestra democracia, cuidemos que no llegue a nuestra sociedad la moda de ciertos gobernantes de la región de silenciar medios de comunicación y voces discordantes.

Por el contrario, si queremos garantizar el libre tránsito y la paz social, no debemos permitir que silencien a quienes tienen una voz distinta.

Una clase en la Universidad Indígena Bolivariana

"¿Qué fue lo que trajo la invasión europea y colonial?", pregunta el profesor del curso "Cosmovisión Andina", David Quispe. "La explotación y el sistema capitalista", responden un grupo de estudiantes entusiasmados.
"¿Cómo se determinaban las condiciones sociales en la época de la colonia?, pregunta el profesor una vez más. "¡Por la raza!", responden casi al unísono los mismos estudiantes.
Bienvenidos a una clase en la recientemente inaugurada Universidad Indígena Boliviana "Tupac Katari", a los pies del imponente nevado Illampu, en el altiplano boliviano. Aquí 166 alumnos comparten una agitada vida universitaria cómo alumnos internados de lunes a viernes.
"Acá los jóvenes indígenas están muy acostumbrados al silencio. Les llegó el momento de hablar", afirma el profesor Quispe en un edificio que en 1931 albergaba la primera escuela indígena del altiplano boliviano.
La zona de Warisata ha sido históricamente un bastión mítico en la defensa del orgullo y de los derechos indígenas.
Fue desde esta zona, muy cercana a las orillas del Lago Titicaca -rodeado de pobreza, humildes casas de adobe, llamas y mujeres indígenas con bombines, trenzas y polleras de pliegos- desde donde partieron las milicias indígenas hacia La Paz durante la revolución de 1952.
Ese levantamiento confirió por primera vez en la historia del país algunos derechos a la mayoría indígena, como el voto.
Cuenta la leyenda que es aquí donde descansa -después de haber sido descuartizado- el brazo izquierdo del líder indígena Túpac Katari, quien se rebeló contra los españoles y sus aliados mestizos a finales del siglo XVIII, sitiando la ciudad de La Paz.

En busca del conocimiento

Luego de siglos de sumisión, la llegada a la presidencia del primer líder indígena, Evo Morales, ha despertado una fuerte reivindicación de los movimientos, tradiciones y culturas indígenas en todo Bolivia.
Con esta idea de fondo, Morales decretó recientemente la creación de las "Universidades Indígenas", un proyecto que prevé recoger los conocimientos, saberes y competencias desarrolladas por los pueblos y naciones indígenas mayoritarias en Bolivia.
"Desde hace muchos años la demanda de los pueblos indígenas era la mayor democratización de las oportunidades de acceso a la educación superior de un sector históricamente negado", afirma orgulloso el rector de la casa de estudios, el sociólogo aymara Benecio Quispe.
Mientras, por los pasillos suena la música andina que los estudiantes tocan durante el recreo.
"El señor presidente crea esta universidad indígena para que se puedan recoger los saberes, los conocimientos y las tecnologías de los pueblos indígenas, sin que eso implique la negación de los conocimientos que vienen de Occidente", explica Quispe.
Y agrega que "se intenta buscar una complementariedad entre los conocimientos que vienen de Europa o Estados Unidos con los conocimientos que se producen en los pueblos indígenas".
Es así como ahora en Bolivia se plantea una forma diferente de educación universitaria basada en tres pilares que, según el Ministerio de Educación, son "educación descolonizadora, productiva y comunitaria" pero no "etnocéntrica".
En este contexto, las carreras que se han establecido están fundamentalmente ligadas al área productiva rural. Son cuatro ingenierías: agronómica, veterinaria y zootecnia, textiles e industria de alimentos.
"Las carreras creadas en las universidades indígenas responden fundamentalmente a las necesidades de fortalecimiento económico y productivo de cada una de las regiones; tienen un contenido social bastante fuerte", le explicó a BBC Mundo Diego Pari, viceministro de Educación Superior e impulsor de este proyecto.
Para formar mejor a los futuros profesionales las clases se dan en tres idiomas: alguno de los idiomas nativos, castellano e inglés. Algunos convenios de intercambio con universidades en Italia, España y algunos países de América Latina ya están sobre la mesa.

Orgullo indígena

En esta primera selección un total de 480 alumnos han empezado en agosto sus estudios en tres universidades indígenas a lo largo del país: la Aymara "Túpac Katari", la Quechua "Casimiro Huanca" y la Guaraní "Apiaguaiki Tupa".
Todos ellos han sido seleccionados por los líderes de sus comunidades, como es el caso de Celso Anaya: "Elegí esta universidad porque tiene principios fundamentales que son diferentes a los de las universidades existentes en Bolivia.
"Esta es una universidad indígena, donde se debe llevar más lo práctico que lo teórico", agrega.
El objetivo de estas universidades es que los estudiantes vuelvan a sus comunidades una vez concluida su formación y apliquen allí los conocimientos adquiridos para mejorar el rendimiento de su región.
La mitad del tiempo lectivo se dedica a la práctica y la tesis debe ser la creación de un proyecto en su comunidad.
"Me siento orgulloso de poder venir a una universidad indígena, mis padres son gente del campo y yo soy de sangre aymara, por eso me siento orgulloso ... Para mí esto fue una gran oportunidad, lo que yo buscaba está aquí", dice Anaya, mientras luce orgulloso una bufanda de alpaca con los colores de la bandera indígena o whipala.
Para Anaya, como para muchos de ellos, la educación universitaria es mucho más que la simple realización profesional. "Aquí el compromiso es con nuestro pueblo, con nuestra gente y así ayudar a nuestro país".

El dia que Alan Garcia paralizó el Perú‏

Un 15 de julio del 2009, a 13 días de celebrarse un aniversario más de la independencia del Perú de los Españoles, sin querer y por temor a su propia realidad, el Gobierno Peruano decreta el adelanto de las vacaciones de los escolares y la negativa a toda movilización masiva como procesiones, corsos y desfiles.
La gripe del chancho ha sido el pretexto más inocente para darle gusto a la crisis internacional e inmovilizar a nuestro país so pretexto del contagio. Algo que justifica un accionar temeroso, lleno de incertidumbre y polillas cerebrales, como si encerrándose en casa se va a salvar del contagio.
El Perú ya esta contagiado de la crisis internacional, y es sabido que ante un peligro inminente el quedarse quieto puede ser causante de la muerte. Así que no creo que sea buena idea el inmovilizar el país a estas alturas.
No justifique la gripe AH1N1 para camuflar el verdadero sentido de acatar medias internacionales por la crisis económica mundial. En lugar de atemorizar a la gente, aliéntenla a seguir adelante. En una guerra es como quedarse quieto para recibir un balazo, cuando el avanzar o atacar ordenadamente puede salvarnos de la derrota.
Alienten y motiven a la gente señores del gobierno, eso salvará al país, que la gente participe en campañas públicas de vacunación. Destinen fondos para esas campañas en lugar de guardar la plata bajo la silla. Sean más creativos y conduzcan a la población a la actividad en lugar de la pasividad. Coloquen una carpa de campaña en cada evento público, esto puede ser una norma que obligue a quienes organicen un evento.
Así como salio la idea de promocionar el consumo de papa para calmar el conflicto de Apurímac, así se debe promocionar la curación de la gripe en la vía pública para calmar el conflicto social por la gripe y no paralizar económicamente al país, porque todos dejan de vender y por lo tanto nadie pagará sus deudas por la falta de consumo.
Acuérdese de esto señor presidente.

Micheletti vinculado al cártel de Cali, en una lista de narcos del ministerio de la Defensa

El nombre del cabecilla golpista hondureño Roberto Micheletti aparece en una larga lista de narcotraficantes redactada, en una fecha no precisada, por un alto oficial del Ministerio de la Defensa y Seguridad Pública de Honduras que lo relaciona con el Cartel de Cali, la red colombiana de narcotráfico.
El documento firmado por el Coronel de infantería René Adalberto Paz Alfaro y llevando el membrete del ministerio, señala en el número SN-FF. AA. 060, a ROBERTO MICHELLETI BAIN – con el error de ortógrafo en Micheletti – con la “CONEXIÓN” Cartel de Cali y bajo la mención “LUGAR” la palabra “Yoro”.
Las notas biográficas de Micheletti precisan que empezó su carrera política en los años 80, cuando ocupaba el cargo de presidente del Consejo Local en Yoro donde siempre se hizo elegir de diputado al Congreso Nacional.
Hijo de un ciudadano italiano, Umberto Micheletti y de Donatella Bain, el actual usurpador de la presidencia hondureña nació el 13 de agosto de 1948 en el municipio de El Progreso (Yoro).
Estudio comercio en Estados Unidos para dedicarse luego a su negocio, la Empresa de Transporte TUTSA, en su municipio natal.
La aparición del nombre de Micheletti en tal lista de narcotraficantes no deja duda sobre la presencia de su nombre en los ficheros de la DEA, la agencia norteamericana antidroga.
Sin embargo, nada ha filtrado al respeto de fuente norteamericana, hasta ahora.
Llama la atención que, hace unos días, un grupo de congresistas norteamericanos de extrema derecha encabezados por los representantes de la Florida, Mario y Lincoln Díaz-Balart, intentaron ensuciar el nombre del presidente constitucional Manuel Zelaya al solicitar del presidente Barack Obama que investigue su supuesta “vinculación con el narcotráfico”, a través de la DEA. Obama ni constestó.
Los Díaz-Balart tienen un viejo expediente de relaciones turbias con los círculos colombianos afiliados al narcotráfico.
Por otro lado, entrevistado por Radio Pacífica este 10 de julio, el dirigente por los derechos humanos en Honduras Andrés Pavón afirmó que el general Vázquez Velázquez, jefe del Estado Mayor hondureño, tiene conocidos lazos con el narcotráfico.
“Él es un hombre de la comunidad de inteligencia de América Latina, cercana a las estructuras de la DEA y la CIA”, explicó en una conversación telefónica con el periodista Fernando Velázquez, reportada por Radio Mundial de Venezuela.
Pavón agregó que tiene “evidencias que las misma embajada de Estados Unidos, a través de la DEA, ha sido cómplice para operaciones de narcotráfico”.

Colombia: polémica por presencia de militares de EE.UU.

• Gobierno colombiano negó que las negociaciones con EE.UU. lleven a una base militar como la que será desmontada en Ecuador

Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos están cerca de firmar un acuerdo que pemitirá a militares estadounidenses operar en al menos tres bases colombianas.
Esto se logra después de que Ecuador se negara a renovar el permiso a militares estadounidenses a utilizar la base aérea de Manta para operativos antinarcóticos. El acuerdo vence en noviembre del 2009, aunque se conoció que los operativos finalizarán el 17 de julio.
Desde la entrega del Canal de Panamá, la base de Manta se había convertido en el principal centro de operaciones estadounidenses en la región. Sin embargo, el gobierno colombiano negó este miércoles que las actuales negociaciones con EE.UU. busquen el establecimiento en el país andino de una base militar como la que será desmontada en Ecuador.
El posible acuerdo ha despertado fuertes críticas entre la oposición, que teme que se afecten las relaciones con países vecinos.

"No es otra Manta"
Funcionarios de la cancillería colombiana le dijeron a BBC Mundo que, a diferencia de Manta, en las instalaciones militares de EE.UU. que se establezcan en suelo colombiano, "Colombia tendrá plena soberanía".
Pero otros expertos consultados por BBC Mundo, como el profesor Francisco Leal Buitrago de la Universidad de los Andes, son críticos y advierten sobre las consecuencias que un acuerdo de esa naturaleza puede tener sobre las relaciones de Colombia con países vecinos como Ecuador y Venezuela.
El comandante de las Fuerzas Militares y ministro interino de Defensa, General Fredy Padilla, dijo que el acuerdo - que aún no se ha firmado - no permite que las tropas de EE.UU. lancen ataques o hagan operaciones militares en terceros países.
Y el canciller, Jaime Bermúdez, precisó que "no se trata de una base militar de Estados Unidos ni de un acuerdo de defensa mutua".
Según Bermúdez, Colombia no permitirá el tránsito de tropas extranjeras por esas instalaciones.
El número máximo de personal estadounidense autorizado para operar en Colombia es de 800 militares y 600 contratistas.

Cooperación bilateral
Se trata de "un acuerdo de cooperación bilateral para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos de carácter transnacional", explicó Bermúdez durante una audiencia pública en la que, además de Padilla, también participó su colega de Interior y Justicia, Fabio Valencia.
Padilla reveló que serán los comandantes colombianos los que estén a cargo de las cinco instalaciones militares donde se prevé que haya militares y equipos de Estados Unidos.
Según el jefe de las fuerzas militares, este país necesita avanzar en temas como inteligencia en tiempo real y mejorar la capacidad operativa de sus tropas en el combate contra los narcotraficantes y los grupos armados ilegales.
Padilla indicó que las negociaciones no incluyen el aumento del cupo de 800 militares y 600 contratistas civiles de EE.UU. que, a raíz del Plan Colombia, pueden estar actualmente en el país. Se supo que el personal que hay ahora en el país es mucho menor,
Entra tanto, el canciller declaró que en la medida en que Colombia logre "acabar con el narcotráfico y el terrorismo, vamos a beneficiar a todos".
Y, sin aludir a Ecuador, añadió: "Algunos países que se quejan de lo que ellos llaman el conflicto en Colombia se van a ver directamente beneficiados, si logramos doblegar el narcotráfico y el terrorismo".

Críticas
Pero el profesor Francisco Leal Buitrago no comparte ese optimismo.
"Todo hace parte de la sumisión de Colombia a los gringos, máxime ahora luego de las 'embarradas' de Álvaro Uribe con la candidatura de Barack Obama, en el culto al gobierno de (George W.) Bush y a los republicanos, y la obsesión presidencial con el Tratado de Libre Comercio, TLC", declaró Leal a BBC Mundo.
"Este asunto es grave frente a la región, en particular por el problema con Ecuador y la política de Hugo Chávez, máxime teniendo en cuenta el fracaso de la política prohibicionista gringa contra las drogas y la condescendencia oficial del país", expresó Leal.
Otro experto, el estadounidense Adam Isacson, director de programas del Centro para Política Internacional con sede en Washington, quien también habló con BBC Mundo, cree que, a diferencia de la base de Manta, "Colombia podría tener un poco más de control sobre el ingreso y la movilización de personal estadounidense y quizás de los tipos de aeronaves y frecuencias".

Pacto reproducido
No obstante, los ministros que participaron en la audiencia reconocieron que los delitos cometidos por los estadounidenses en Colombia seguirán siendo juzgados por la justicia de EE.UU.
Leal considera que, en ese sentido, se reproduce lo que ya está pactado dentro del Plan Colombia, que empezó a ejecutarse en el año 2000, y que ha convertido a este país en uno de los principales destinatarios de la ayuda militar de Washington en el mundo.
"El problema es viejo y se acentuó con el Plan Colombia, comenzando porque la embajada gringa es una de las más grandes del mundo (entre las 5 primeras), muchos de cuyos funcionarios son militares, con inmunidad sobre fechorías que cometan en Colombia. Además, los 'contratistas', que son mercenarios, son un lastre que permite a los oficiales gringos 'lavarse las manos'", declaró el profesor.
De momento se desconoce cuándo será firmado el acuerdo militar entre Colombia y EE.UU.